Hace apenas una semana se ha hecho público el Informe elaborado por la Comisión de Expertos para la Reforma del Sistema Universitario Español, entregado al Ministro de Educación, Cultura y Deporte, D. José Ignacio Wert, el 12 de febrero. El informe consta de varios capítulos que abordan asuntos que tienen que ver con la calidad, el gobierno, la financiación y el personal docente e investigador de las universidades. También dedica un capítulo a los estudios y títulos universitarios (capítulo V) que merece ser leído con atención, entre otras cosas por las posibles consecuencias que su “hipotética” aplicación podría tener para diversos títulos universitarios, entre ellos el de Trabajo Social.
En los párrafos introductorios del capítulo se indica que “muchos de los problemas que se señalan en el capítulo no se hubieran producido si España hubiera mantenido ‘para Bolonia’ su tradicional estructura 3+2, la seguida por la mayoría de los países europeos”. Esta declaración de intenciones se refiere, como es fácilmente comprensible, al cambio que el Proceso de Bolonia supuso para la estructura de los títulos universitarios, con el establecimiento de un sistema de 4 años (grado) + 1 año (máster) que reemplazó al sistema 3+2 (de las Diplomaturas y Licenciaturas).
Según el informe, “la elección mayoritaria en la Europa occidental ha sido de títulos de grado (con ése u otro nombre) de 3 años y de máster de 2 años” (pág. 65), salvo en algunos estudios como los de Derecho, en los que se han mantenido 5 años en países como Alemania, Francia o Italia. Sin embargo, la elección 4+1 para el sistema universitario español ha producido lo que los firmantes del Informe califican como una “distorsión que quizá sería conveniente reconsiderar”: “la existencia de títulos de grado, por tanto de 4 años, sobre materias que se cubrían más adecuadamente en 3” (pág. 69). Literalmente, el informe señala que una posible solución «sería la creación de ‘grados cortos’ de 3 años para estudios como Trabajo Social, Enfermería, Ingeniería Técnica o Magisterio, lo que en realidad equivaldría a volver a las Diplomaturas de 3 años” (pág. 69).
Ante una afirmación de este tipo, cabe hacerse algunas preguntas: ¿Por qué se califica como «distorsión» el paso de ciertas diplomaturas a grados convirtiendo en un problema algo que, a todas luces, no lo es? ¿Qué razones científicas y académicas explican una propuesta tan drástica? ¿Por qué se señalan algunas titulaciones y no otras? ¿Qué evaluación se ha realizado para afirmar que estas materias se cubrían adecuadamente en tres años? ¿Se han tomado los autores del informe la molestia de acercarse a los Libros Blancos de estos títulos que financió ANECA hace unos años? ¿Conocen la situación de todas estas carreras en el ámbito europeo e internacional?…
La composición de la Comisión de Expertos, con una escasísima representación de las humanidades y nula representación de las ciencias sociales puede ayudar a explicar, pero no justificar, propuestas como las indicadas. Habrá que esperar para conocer el uso que se da al informe y estar atentos a las medidas que, basándose en él, se puedan tomar.
