Prieto Lobato, J. ; Rodríguez Sumaza, C. ; de la Rosa Gimeno, P. (2019). Las relaciones entre administraciones públicas y Tercer Sector en el marco de las políticas de inclusión social en Castilla y León. Investigaciones Regionales – Journal of Regional Research, 44, 63-79. ISSN: 1695-7253 – E-ISSN: 2340-2717.
Las enormes transformaciones en el ámbito económico, laboral, tecnológico, relacional, ambiental, etc. experimentadas durante los últimos años por las sociedades occidentales más desarrolladas y la rapidez con la que se han producido estos cambios han impulsado la aparición de nuevos modos de concebir y plantear las políticas sociales, enriqueciendo y ampliando sus objetivos y áreas de acción, diversificando los sectores intervinientes, descentralizándose en unidades administrativas cercanas a los territorios, innovando en los medios e instrumentos empleados, etc.
Entre todas las transformaciones de las políticas sociales, una de las más significativas ha sido la distribución de responsabilidades y cometidos entre un número plural y cualitativamente diverso de actores. Así, y por lo que respecta a las políticas de inclusión social, la cobertura de las necesidades y la atención a las personas en situación de vulnerabilidad y exclusión social se plantean a través de una combinación de servicios, prestaciones y recursos diseñados y provistos por el sector público, el Tercer Sector de Acción Social (en adelante, TSAS), el sector privado lucrativo y las redes informales. Frente al modelo institucional (con papel preponderante del Estado) y el modelo residual (con protagonismo de la familia y el mercado) se ha ido imponiendo paulatinamente un modelo mixto de bienestar en el que se da una relación sinérgica entre los distintos sectores (Osborne y Gaebler, 1993), si bien la concreción de este modelo varía sustancialmente en cada territorio dependiendo de un sinfín de factores políticos, institucionales, económicos, culturales, etc. Con la crisis del Estado de Bienestar las políticas sociales dejaron de articularse únicamente en el binomio Estado-Mercado, adquiriendo una dinamicidad propia, con actores, procesos e instituciones propias (Donati, 2004).
En este contexto, tanto con gobiernos conservadores como con gobiernos socialistas, las entidades del TSAS pasaron de tener una consideración secundaria (muy limitada a determinadas áreas de acción y colectivos específicos) a convertirse en un agente clave y en un interlocutor imprescindible en los sistemas de protección social. Las interpretaciones más optimistas señalan que este proceso de acercamiento mutuo fue el resultante del intento de respuesta ante los límites estructurales de la acción del Estado Social y ante la ampliación y creciente diferenciación de la demanda asistencial (Herrera y Castón, 2003); las voces más críticas, sin embargo, entienden que el TSAS, en su colaboración con las Administraciones Públicas, limaba el potencial crítico de una ciudadanía descontenta, abarataba costes por la vía del empleo de personal voluntario (o personal pagado por debajo de la media) y se veía liberado de implantar servicios con vocación de continuidad (Van Til y Ross, 2001: 120-121).
Las entidades no lucrativas son organizaciones muy heterogéneas según sea su procedencia, forma jurídica, tamaño, principios y organización. Los servicios que prestan, los colectivos a los que se dirigen y los campos de actuación son igualmente muy diversos (Salamon et al., 1999). Comparten, no obstante, algunas características que conforman su naturaleza y les dota de una identidad específica que les diferencia de otros agentes sociales. Entre ellas podemos destacar algunas especialmente relevantes: su separación formal de la esfera gubernamental (al menos sobre el papel), sus valores (altruismo, solidaridad, participación, extensión de los derechos sociales), sus actividades voluntarias (libres de coerción y de los constreñimientos económicos de las ganancias) y su orientación hacia la intervención social, proporcionando atenciones a colectivos especialmente vulnerables, entre los que se encuentran las personas en situación o riesgo de exclusión. Esa especificidad no significa, como es bien sabido, que actúen y existan separadas de los otros agentes del bienestar: los estudios sobre su expansión y configuración actual confirman que mantienen relaciones de dependencia estructural con el Estado, el mercado y las redes primarias (Passey y Tonkiss, 2000; Adelantado y Gomà, 2000).
Al igual que sucede en otros lugares, este tipo de entidades han adquirido un reconocimiento y una gran relevancia en España. Durante los últimos años se ha producido un incremento notable de su presencia al tiempo que muchas de ellas han experimentado una transformación interna (burocratización, mercantilización, aumento del tamaño, etc.) que afecta a sus roles sociales y a sus interacciones tanto con las administraciones públicas como con el sector empresarial. Estos cambios se han visto acentuados a partir de la crisis económica iniciada en 2007 con la implementación de políticas de ajuste presupuestario por parte de los poderes públicos, de modo que algunas de estas entidades no lucrativas se han visto empujadas a incrementar la oferta de programas de corte asistencial muy centrados en la ayuda material.
Numerosos trabajos dejan constancia de la importancia que cobra en esa dinámica del TSAS su conexión con las administraciones públicas (Marbán y Rodríguez, 2006; Marbán, 2007; Guiteras, 2012; Fresno, 2010; Jaraíz, 2018). El estudio de este aspecto se afronta, no obstante, en la mayor parte de los casos, sin un abordaje empírico, especialmente escaso en el ámbito local y regional (Izquieta, Callejo y Prieto, 2008). La realización de una investigación en la Comunidad Autónoma de Castilla y León, en el marco de un trabajo comparativo a nivel nacional[1], ha permitido contribuir modestamente a llenar este vacío, abordando el análisis del modo en que las organizaciones del TSAS existentes en esta región se relacionan con la administración autonómica en el contexto de las políticas de inclusión social e identificando la forma en que participan y los cometidos que estas organizaciones desempeñan en dichas políticas.
El trabajo pretende sintetizar algunos de los hallazgos más relevantes obtenidos en esta investigación. En primer lugar, y con el objetivo de reconstruir el panorama de los principales enfoques existentes sobre el tema en la actualidad, se analizan los trabajos más recientes sobre las relaciones que mantienen los poderes públicos y las entidades del TSAS en diferentes contextos, así como el modo en que se expresan dichas relaciones, sus causas y las formas de su participación en las políticas sociales. En segundo lugar, se presenta y justifica la metodología empleada. El tercer apartado tiene por objetivo estudiar el modo en que se plantean y expresan las relaciones de ambos sectores a partir de tres marcos complementarios de referencia: el desarrollo legislativo, la planificación pública y la visión que tienen los agentes sociales implicados. Finalmente, se concluye resaltando algunos de los factores que inciden en el impulso cobrado por esta interacción en Castilla y León, el modelo relacional predominante y los efectos que se derivan del mismo.
[1] Proyecto INCLUSIVE: “Políticas de inclusión en las CCAA. Ubicación en el contexto europeo y respuesta a las nuevas situaciones”. Investigador principal Miguel Laparra Navarro. Convocatoria 2014. Proyectos de I+D “EXCELENCIA” y Proyectos de I+D+I “RETOS INVESTIGACIÓN”. Dirección General de Investigación Científica y Técnica. Subdirección General de Proyectos de Investigación. Resolución de la concesión: 15.4.2015.
