XIII Congreso Estatal y I Congreso Iberoamericano de Trabajo Social, Mérida, 19-21 de octubre de 2017 – Acceso a la web AQUÍ.
¿PARA QUÉ SIRVE UN ABRAZO? ASISTENCIA PERSONAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL Y/O ENFERMEDAD MENTAL EN CASTILLA Y LEÓN.
La Asistencia Personal es un servicio de ayuda personalizada para la vida independiente que representa un cambio de la manera de entender y atender la diversidad funcional en la medida en que reconoce la capacidad y el derecho de toda persona a disfrutar del máximo de su autonomía en el desarrollo de su proyecto de vida. El modo en que se concibe y presta este servicio permite, como ningún otro, el ejercicio de la autodeterminación, puesto que es el/la destinatario/a quien decide el tipo de apoyo, cuándo y cómo lo recibirá y quién se lo prestará.
Son muchas ya las experiencias realizadas en nuestro entorno de puesta en marcha de este servicio para personas con discapacidad física y su extensión es un empeño cada vez más decidido de las organizaciones que representan a este colectivo y, muy en particular, de las plataformas regionales y nacionales que agrupan a estas entidades. Sin embargo, son escasas las iniciativas de implementación de este servicio para personas con discapacidad intelectual y/o enfermedad mental.
La comunicación recoge algunos de los resultados del estudio realizado por un equipo de investigadores de la Universidad de Valladolid sobre el proyecto piloto impulsado los últimos años por la Gerencia de Servicios Sociales de la Junta de Castilla y León y el CERMI-CyL para la implantación del Servicio de Asistencia Personal para personas con diversidad funcional intelectual y/o enfermedad mental. El estudio, con una metodología de carácter cualitativo –entrevistas en profundidad y grupos de discusión-, ha analizado las reflexiones, interpretaciones y valoraciones que hacen los/las distintos/as implicados/as en el diseño, implementación y evaluación del servicio. La valoración que hacen del servicio las personas beneficiarias y sus familiares del servicio es, en este caso, el objeto de exposición.
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¿INCLUSIÓN POR EL EMPLEO? ESTRATEGIAS Y MEDIDAS DE ACTIVACIÓN EN LAS POLÍTICAS DE INCLUSIÓN SOCIAL EN CASTILLA Y LEÓN. Presentada con Álvaro Elices Acero.
En un contexto de contracción económica, reconversión del mercado laboral, altas tasas de desempleo y precarización del desempleo, se vienen articulando en los últimos años interesantes debates sobre sobre el modelo económico y su capacidad de generación de empleo, sobre la centralidad de éste en la sociedad y, en lo que atañe a los sistemas de protección social, sobre su importancia y relevancia en los procesos de inclusión/exclusión social.
Desde finales del siglo pasado comienza a otorgarse, en el contexto europeo, un valor especial a las políticas de activación del empleo, en contraposición a otras –denominadas “pasivas”-, sospechosas de fomentar el asistencialismo y el clientelismo. La implementación de algunas de estas medidas y estrategias compete, en no pocas ocasiones, a los Servicios Sociales y, de hecho, es fácil observar que se han hecho un importante hueco en los programas y planes regionales y locales de inclusión social.
La comunicación analiza las políticas de inclusión social en la Comunidad Autónoma de Castilla y León y el lugar que en éstas ocupan las estrategias de activación para el empleo. En concreto, son objeto de análisis tres de los ejes vertebradores de la acción pro-inclusión social castellanoleonesa: la Renta Garantizada de Ciudadanía, el Plan de Inserción Sociolaboral y la Red de Protección a Familias. El análisis de la conveniencia, utilidad, eficacia e interés que estas medidas tienen como instrumentos de intervención social, como recursos para la inclusión, se fundamenta en un exhaustivo estudio documental y en la recogida de información de profesionales de entidades públicas y privadas encargadas de la implementación de programas de servicios sociales y empleo. Este trabajo se enmarca en el proyecto INCLUSIVE (Proyectos de I+D+I “Retos de Investigación”, Convocatoria 2014 del Ministerio de Economía y Competitividad), con la participación de seis universidades y actualmente en ejecución.
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